"LAS PAGAS NO SON UNA PROPINA, SON PARTE DEL SALARIO", DENUNCIA LA ALCALDESA DE MALGRAT

Imaginación en los Ayuntamientos para poder pagar la ‘extra’ de Navidad.

Los Ayuntamientos catalanes que tienen las cuentas saneadas han puesto a sus interventores y servicios jurídicos a estrujarse la mollera: están buscando fórmulas para que sus trabajadores puedan tener la paga de Navidad. No será antes del 31 de diciembre, porque por ley no pueden incumplir el decreto del Gobierno de Mariano Rajoy del pasado mes de julio que suspende la segunda paga extra del año a todos los funcionarios españoles, sea cual sea su administración: un ministerio, una consejería, una diputación o un Ayuntamiento. Pero el decreto no dice nada de la tesorería de 2013.

De ahí que varios Consistorios catalanes, cuyos alcaldes consideran injusta la suspensión, hayan buscado fórmulas alternativas. No la cobrarán antes de Nochevieja, pero sí antes de Reyes: técnicamente será el año que viene, pero todavía será durante las fiestas. En muchos casos han optado por adelantar pagas de 2013, asumiendo el riesgo de que en los próximos años el Gobierno prolongue la suspensión de la paga de 2012.

Entre los Ayuntamientos que pagarán la doble de Navidad —no siempre entera— figuran el de Barcelona —10.000 funcionarios que votaron acogerse voluntariamente a un avance de la paga de verano—, Lleida —recibirán un avance de la mitad de verano—, Tortosa, Salt o Malgrat de Mar, que adelantarán la paga de verano, la pagarán en parte o avanzarán la de productividad. Otros grandes municipios, como Girona, L’Hospitalet de Llobregat, Tàrrega, Mollerussa, Torroella de Montgrí o Premià estudian cómo hacerlo, mientras que ciudades como Tarragona, Figueres, Reus, Ascó o Cervera acatarán el decreto de Rajoy y no compensarán a sus empleados. En otros casos —Granollers, Santa Coloma de Gramenet...— lo que ha ocurrido es que el alcalde y los concejales han renunciado a su paga de Navidad en solidaridad con los funcionarios.

Si en Barcelona, cuyo alcalde es Xavier Trias (CiU), el adelanto fue sometido a votación, en Lleida, el alcalde, Àngel Ros (PSC) impulsó la medida, también voluntaria, para compensar la caída de ventas, entre un 20% y un 30%, que se ha producido este año en el pequeño comercio de la ciudad. Ros argumenta que la extra de Navidad se invierte en casa, mientras que la de junio se gasta fuera en la segunda residencia, una opinión ante la que los sindicatos se muestran escépticos.

Las entidades municipalistas permanecen atentas a las decisiones de los Ayuntamientos. La alcaldesa de L’Hospitalet y vicepresidenta de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), Núria Marín, alerta desde esta última condición “del peligro que supone adelantar pagas de 2013 por si el PP decide anular pagas otra vez”. Como alcaldesa, no ve nada clara la decisión de Barcelona y su Ayuntamiento busca “garantías legales” antes de tomar ninguna decisión.

Desde la Asociación Catalana de Municipios (ACM), su presidente y alcalde de Premià, Miquel Buch (CiU), se muestra muy crítico con el Gobierno central: “Ha decidido que nos saltemos un contrato con nuestros trabajadores sin contemplar si tenemos posibilidades de pagar. No ha mirado si estamos endeudados, si hemos hecho una buena gestión… y sin decir qué se hará con este ahorro”. En su opinión, si un Ayuntamiento está saneado, debe hacerlo porque es su obligación con los trabajadores y “porque favorecerá el consumo”. “Están castigando al comercio, los autónomos y de rebote a los hijos de estos trabajadores”, añade. Con todo, también se muestra preocupado por las implicaciones jurídicas de adelantar pagas.

El alcalde de Tortosa y presidente de la Comisión de Hacienda de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Ferran Bel (CiU) precisa que la decisión final depende de cada interventor: “En Tortosa acordaremos con el comité de empresa y la junta de personal anticipar al máximo la productividad, una paga que se hacía efectiva entre abril y mayo”.

En Girona también estudian la fórmula. La concejal de Régimen Interior, Mariàngels Planas explica que “los representantes de los trabajadores han propuesto que avancemos la paga de junio próximo, pero si se hace, ese dinero hay que devolverlo”. Esto es, cualquier Ayuntamiento que adelante pagas de 2013 no se libra de estar dejando en el aire una paga, porque sus empleados siguen sin cobrar la de diciembre de este ejercicio. No se trata de que falten fondos ahora, ya que el Ayuntamiento de Girona ha dejado claro que dispone de los 1,9 millones de euros para abonar esta paga a sus cerca de un millar de trabajadores públicos.

En Roses han inventado una fórmula innovadora para mitigar el golpe a los funcionarios. Los trabajadores que quieran pueden solicitar un adelanto, que luego deberán devolver en ocho pagos durante cuatro años, con las nóminas correspondientes a los meses de junio y diciembre de 2013, 2014, 2015 y 2016. Solo la mitad de los funcionarios se han acogido a esta opción.

El enfado de algunos alcaldes catalanes por la eliminación de la paga de Navidad les ha llevado a escribir al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Es el caso de los de Girona, Carles Puigdemont (CiU), o de la de Malgrat de Mar, Conxita Campoy (PSC). La alcaldesa se muestra indignada contra una supresión que considera “un ataque a la clase media”. “Las pagas extra no son una propina que los funcionarios cobren por guapos, es parte de su salario y las cobran en función de un puesto, una categoría y una plaza concreta”, dice. Ante “la impotencia por tener que cumplir” con el decreto de Rajoy, en octubre escribió a Montoro. Le dijo que consideraba “injusta” la medida para alcaldes que “gestionan los recursos públicos con rigor y austeridad”, pagan al día y no están endeudados. “No puedo entender por qué el conserje, el policía o la administrativa de este Ayuntamiento deben contribuir a rebajar el déficit público en mayor medida que el resto de ciudadanos”, le espeta. “Un déficit que se ha ocasionado en buena parte por políticos a los que no se exigen responsabilidades”, prosigue y alerta de la repercusión de la eliminación de la paga sobre el consumo y el comercio y servicios del pueblo. La respuesta que obtuvo la alcaldesa, por parte de una subdirectora general, fue que la ley afecta a todo el mundo: “Los límites de velocidad afectan también a los buenos conductores”. Campoy replicó que “a los buenos conductores no se les sanciona, sino que pueden ganar puntos y tener bonificaciones en la prima de seguros” y recordó el daño que la ausencia de estos ingresos para sus funcionarios puede causar en la economía del municipio.

EL PAÍS
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/15/catalunya/1355601785_394573.html